Desde la flamante cartera de Agua, Ambiente y Energías hasta la de Ciencia y Tecnología, la nueva gestión de De la Sota exhibe innovaciones y un perfil productivista. En el sector, preocupan las asignaciones presupuestarias. Carlos Petroli.

Néstor Scalerandi, flamante ministro de Agricultura de la Provincia, es reconocido como un hombre dialoguista, versátil en sus conocimientos económicos y amigo del gobernador José Manuel de la Sota. Esta semana comenzó a acomodarse en la nueva función, en una cartera que también presentará cambios en las segundas líneas (quedarán definidos y oficializados en los próximos días). “Los ministros y responsables de áreas recién se están haciendo cargo y la semana próxima se irán comunicando más novedades”, se indicó en la gobernación.

De la Sota ya innovó, por ejemplo, con la creación de una nueva cartera: el Ministerio de Agua, Ambiente y Energías, que tendrá a su frente a Manuel Calvo, un joven contador que venía desempeñándose en Obras Públicas y fue legislador electo por el departamento San Justo.

En el caso de Agricultura, se incorporaría un área de desarrollo rural, con el objeto de volcar los fondos nacionales de promoción y llevar adelante políticas relacionadas con economías regionales y pequeños productores.

Foco en la agroindustria. A principios de este año, Scalerandi dejó su lugar como vocal de la comisión directiva en la Sociedad Rural de Córdoba para sumarse a los equipos de campaña que conformó el actual gobernador, con miras a la gestión que acaba de iniciar.

Desde su puesto en la Rural Cordobesa (una de las entidades hoy con buena llegada al kirchnerismo), y también como integrante de empresas agropecuarias, el ahora ministro se enfocó en temas de agroindustrias y biocombustibles. Con este perfil, participó en la comisión de biocombustibles de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y viajó a Brasil y Chile junto a otros productores, interesados en proyectos de exportación y agregado de valor en origen.

Scalerandi se graduó de contador público en 1970, en la Universidad Católica de Córdoba y en su actividad profesional se desempeñó en áreas públicas y privadas en temas de presupuesto, finanzas, administración, y como auditor y asesor económico financiero.

Reacciones. Entre las entidades del agro provincial, en Cartez dijeron esperar una convocatoria desde la cartera y que, en tal caso, la mesa directiva aún no tenía mandato para solicitar una audiencia con el nuevo ministro. “Quizá lo más oportuno sea esperar un llamado y luego tendríamos que resolver en el consejo de la entidad y en la Comisión de Enlace”, se indicó en la central confederada.

En Coninagro, en tanto, se recordó que las centrales rurales aspiraban a un encuentro con De la Sota con varios temas, entre ellos la reforma de los ministerios y las respectivas asignaciones de presupuesto (al de Agricultura lo consideran “devaluado”) y también los recursos que irán al mantenimiento y mejoras de los caminos.

Como Scalerandi y el propio De la Sota –impulsor en la provincia de inversiones ligadas a los biocombustibles–, otros dos nuevos ministros reforzarían este perfil ligado a la agroindustria.

Jorge Lawson, flamante titular de Industria, conoce los timbres de importantes jugadores del sector, en su rol de asesor de la Cámara Argentina de Biocombustibles y de empresas agroalimentarias.

A la vez, el ministro de Ciencia y Tecnología, Roger Illanes –ingeniero químico con un posgrado como ingeniero especialista en tecnología de los alimentos– ha dirigido varios proyectos locales de investigación relacionados con la producción de biocombustibles, tecnología de carnes y chacinados, y agregación de valor a la producción primaria. Con esta base se pone en marcha una gestión que deberá atravesar parte de una década en la que se proyecta otro gran salto productivo del agro cordobés.

Fuente: Diario La Voz del Interior.

El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Marcelo Míguez, fue designado nuevo presidente del Senasa, en lugar de Jorge Amaya.

El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Marcelo Míguez, fue designado nuevo presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en lugar de Jorge Amaya.

La medida fue publicada esta semana en el Boletín Oficial , mediante los decretos 182, de designación de Míguez, y 181 de aceptación de las renuncias de Amaya (presidente) y Carlos Alberto Paz (vicepresidente), a quienes el Gobierno les agradeció “los valiosos servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos”.

A través del decreto 183 se nombró vicepresidente del organismo al médico veterinario José María Romero, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa.

Amaya, ex secretario de Agricultura de la provincia de Santa Cruz, estaba al frente de la entidad desde 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, y en 2008 se había extendido su continuidad hasta 2011.

Fuente: Diario La Voz del Interior.

Fue respaldada por 174 votos a favor y solo 4 en contra. Las principales disidencias giraron en torno al futuro del Renatre en la votación en particular. El oficialismo con el apoyo del radicalismo aprobó la ley en general, al igual que el FAP. Los pocos votos en contra fueron del bloque que conduce Felipe Solá, por considerar que ellos tenían una propuesta mejor.

Casi por unanimidad la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que establece un nuevo régimen de trabajo agrario, y que elimina la existencia del Renatre, al remplazarlo por un organismo estatal.

El tratamiento del tema fue incorporado pasadas la una de la mañana y a solicitud del presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, lo que generó la reacción contraria del Frente Peronista y del radicalismo. Los primeros se retiraron del recinto y no participaron de la votación.

Sí lo hizo en cambio el bloque de Unidad Peronista que comanda Felipe Solá, y cuyo orador fue el diputado Roberto Moullerón canalizador del proyecto que presentaron desde Uatre y Renatre para contrapesar la propuesta del Ejecutivo.

En la hora y media que duró el debate (la Cámara llevaba 13 horas de sesión cuando se puso el tema a consideración) el cansancio era notorio. Desde el radicalismo los diputados Pablo Orsolini, Ulises Forte, y Juan Casañas, coincidieron con el “revanchismo” del proyecto kirchnerista contra Gerónimo Venegas.

Los agrodiptuados, y luego el diputado Moullerón, enfatizaron que el oficialismo sacó de la galera el tratamiento de la ley en medio de la madrugada por “miedo” a la reacción del gremio que conduce Gerónimo Venegas del que se esperaba una movilización, para hoy viernes que era el día en el que se esperaba tratar la ley.

También rechazaron la derogación del Renatre (organismo que integran las cuatro entidades) y remarcaron la tarea del Registro en los casi diez años que lleva de funcionamiento. Los radicales adelantaron que votarían hasta el artículo 105 de la ley y el resto en contra, porque eran los que referían al Renatre.

A su turno Moullerón resaltó que Unión Peronista Marcó tres grandes diferencias con el proyecto del oficialista en la definición de trabajo rural (que se basa en el ámbito y no en la actividad) porque esa concepción “atomizará” el gremio.

También marcó las diferencias con el tratamiento de las bolsas de trabajo que proponen ambos proyectos, y por último el futuro del Renatre que con la ley que acaba de tener media sanción directamente desaparece.

Uno de los últimos oradores fue Víctor de Genaro (FAP) que se manifestó contento y orgulloso de derogar una ley de la dictadura. Adelantó el respaldo del interbloque del Frente Amplio Progresista, salvo en la parte que deroga al Renatre en la que se abstuvieron “no queremos saber nada con esa caja”.

También remarcó que si bien consideraba la ley un avance importante había demorado mucho tras el retorno de la democracia. Resaltó las diferencias con los gremios de la CGT y señaló que los trabajadores rurales “no necesitan papás”. En cambio, dijo, los trabajadores rurales “necesitan convenciones colectivas de trabajo, y aperturas democráticas” para poder organizarse sin “padres”.

Poco después de las tres de la mañana, los diputados aprobaron la media sanción de la ley en general por 174 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Luego se comenzó el tratamiento en particular. Terminada la votación se esperaba terminar la sesión con la media sanción a la ley de tierras. En la madrugada, el kirchnerismo madrugó.

Fuente: Diario El Enfiteuta.

La iniciativa se aprobó esta madrugada. También se aprobó el proyecto para reglamentar el trabajo del peón rural.

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley que limita la propiedad extranjera de la tierra, impulsado por el Gobierno y reclamado insistentemente por la presidenta Cristina Fernández.

Con 153 votos a favor, 26 negativos y 1 sola abstención, en la votación en general, tras una segunda jornada de más de 17 horas de la sesión especial del período de extraordinarias, la iniciativa oficialista fue girada al Senado, donde recibiría su aprobación final.

Jornada maratónica. De esa manera, y minutos antes de las 6 de mañana de hoy (el cuerpo retomó luego de un cuarto intermedio a las 12.40 del jueves), el kirchnerismo logró agotar el temario en la Cámara baja.

El oficialismo, con el asesoramiento de técnicos del Poder Ejecutivo, introdujo el martes pasado cambios al proyecto original del Gobierno, ya que se bajó del 20 al 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional respecto de personas de nacionalidad extranjera.

El porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio o "entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural", dice el texto firmado por el oficialismo.

Por otra parte, se dispone que las tierras rurales, cuyo significado se amplió al definirse como a todas aquellas que están fuera del ejido urbano de un mismo titular extranjero, no podrán superar las mil hectáreas "o superficie equivalente" según la ubicación territorial, a determinar por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

En cuanto a quiénes quedan exceptuados de las limitaciones, el dictamen estableció que son los extranjeros que cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada.

También los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente de cinco años o los que estén casados con ciudadanos argentinos con residencia acreditada.

Fuente: Diario La Voz del Interior.